El inquilino de un inmueble está obligado, según la Ley de Arrendamientos  Urbanos (LAU), a poner en conocimiento de su propietario las eventuales  usurpaciones de inmuebles por parte de terceros ajenos al contrato. Algunos inquilinos, sin embargo, incumplen las condiciones del alquiler y se producen infracciones de la Ley tales como la subrogación de la vivienda de residencia  y cesiones y traspasos no autorizados.

La actuación en este tipo de casos requiere -según se trate de uno o varios de  los supuestos enumerados anteriormente- de una actuación demostrativa por  etapas, que puede resumirse en los siguientes pasos:

• Información sobre la identidad de los ocupantes verdaderos de una  finca arrendada.
  • Controles de actividad sobre estos inquilinos de hecho. Realización de reportajes gráficos sobre sus entradas y salidas del inmueble y sus principales  actividades diarias.
• Demostración documental, en caso de que proceda, del ejercicio de  actividades ilícitas en el domicilio arrendado.

• Identificación del verdadero lugar de residencia del inquilino que firmó  el contrato.

• Acreditación de la residencia actual del inquilino,  a través de seguimientos diarios que ilustren gráficamente su pernocta en el mismo,  junto con los puntos principales de su comportamiento diario.

• Documentación que acredite la residencia y el  consumo del inquilino en un inmueble diferente del arrendado.