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La guerra de las matriculaciones deja Cádiz y se extiende a la Bahía
Lo que ya venía siendo un clásico de la primavera en Cádiz se extiende a la Bahía. Varios centros de la capital lidian cada año con la avalancha de solicitudes que supera con creces a las plazas ofertadas. Eso ha supuesto broncas entre padres a la puerta del colegio, contratar detectives para investigar la situación de alumnos que han sido aceptados e incluso la creación de una plataforma de afectados. Pero este curso el conflicto abandona Cádiz y se traslada a otros municipios.|Lo que ya venía siendo un clásico de la primavera en Cádiz se extiende a la Bahía. Varios centros de la capital lidian cada año con la avalancha de solicitudes que supera con creces a las plazas ofertadas. Eso ha supuesto broncas entre padres a la puerta del colegio, contratar detectives para investigar la situación de alumnos que han sido aceptados e incluso la creación de una plataforma de afectados. Pero este curso el conflicto abandona Cádiz y se traslada a otros municipios.
Los más afectados son Chiclana y San Fernando, donde aprovecharán la experiencia gaditana para iniciar la guerra por las matriculaciones en varios centros, la mayoría públicos. Se encuentran fundamentalmente en los nuevos núcleos de expansión urbana, donde la falta de plazas ya hace estragos. La situación más complicada, por la elevada demanda existente, vuelve a darse en el colegio La Barrosa, abierto desde hace dos años. En este centro, y para apenas 70 plazas para alumnos de tres años, se han presentado más de 150 solicitudes. En el Tierno Galván, también de titularidad de la Junta, se han quedado fuera siete niños, mientras que en Los Remedios ha sido sólo uno.
Otra fórmula a la que se tendrá que recurrir en el colegio Atlántida, que también ha recibido un exceso de solicitudes, será el sorteo. Lo mismo que el Al-Andalus, donde se disputarán su matriculación una quincena de familias.
Según ha podido saber este medio, ya hay padres que sospechan de fraudes en las documentaciones. Por eso mismo, no descartan iniciar investigaciones para desvelar las sospechas. Los casos ocurridos en Cádiz el año pasado han hecho saltar las alarmas y aseguran que se unirán para luchar contra las irregularidades, más aún si eso les permite hacerse con una plaza en el colegio deseado.
En el caso de San Fernando, los centros de Camposoto acapara la mayoría de las peticiones. Según las previsiones, este año serán unos 50 los niños que se quedarán sin pupitre en los tres colegios del lugar. A ello hay que sumar los casi 40 que el año pasado aceptaron marcharse a otros destinos con la condición de poder estar cerca de casa para el próximo curso. Pero, no podrá ser.
La delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, mantuvo recientemente una reunión con el colectivo de padres afectados y les comunicó que finalmente sus hijos tendrán que reubicarse en el colegio La Ardila. A pesar de que en el nuevo centro de Camposoto existen aulas vacías, correspondientes a los cursos superiores de primaria, se ha desechado la posibilidad ya que no están adaptadas para infantil.
Pero la cosa no pinta bien. Mientras el Ayuntamiento cierra la cesión de la parcela para un nuevo colegio, todo indica que los problemas se repetirán. No será hasta el próximo lunes cuando se desvelen las sospechas una vez con el listado de admitidos publicado en el tablón.
Contratar a la persona equivocada puede tener para una empresa más riesgos de lo que parece. Casos como el de Fèlix Millet o los recientes escándalos de corrupción política demuestran el daño económico y de imagen que puede provocar contratar a un aspirante de dudosa trayectoria profesional o incluso delictiva. Por eso, algunas empresas contratan a detectives privados para investigar a los candidatos y verificar si realmente son merecedores del puesto. “En otros países se trata de una práctica habitual y a veces incluso obligatoria: es el caso del Reino Unido, donde las empresas están obligadas a comprobar que los profesionales que vayan a trabajar con niños no tienen antecedentes penales”, explica David Sanmartín, secretario de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Contratar a la persona equivocada puede tener para una empresa más riesgos de lo que parece. Casos como el de Fèlix Millet o los recientes escándalos de corrupción política demuestran el daño económico y de imagen que puede provocar contratar a un aspirante de dudosa trayectoria profesional o incluso delictiva. Por eso, algunas empresas contratan a detectives privados para investigar a los candidatos y verificar si realmente son merecedores del puesto. “En otros países se trata de una práctica habitual y a veces incluso obligatoria: es el caso del Reino Unido, donde las empresas están obligadas a comprobar que los profesionales que vayan a trabajar con niños no tienen antecedentes penales”, explica David Sanmartín, secretario de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. En España aún es una práctica minoritaria, pero cada vez más común, especialmente en la selección de altos ejecutivos o puestos de especial riesgo para la empresa, como aquellos donde el profesional va a tener en sus manos decisiones estratégicas o grandes sumas de dinero. “Antes de dar a una persona un cargo de relevancia debería ser obligatorio investigarle, como ya hacen algunos partidos políticos”, destaca José María Fernández, presidente del Col•legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
Quienes acuden a este tipo de profesionales pueden ser empresas o bien firmas de selección, normalmente cuando ya tienen tres candidatos finalistas y deben decantarse por uno. La misión de los detectives en este caso es elaborar el denominado “informe prelaboral”, cuyo principal objetivo es confirmar los datos del propio currículum entregado por el aspirante. Además de corroborar que realmente ha trabajado en las empresas que dice y en los periodos que indica –es frecuente que se omita algún trabajo que no interesa explicar, por ejemplo si acabó con algún problema de indisciplina–, los detectives analizan si realmente tuvo las responsabilidades que pone en su CV.Y aquí aparecen sorpresas: es el caso de candidatos que aseguraban tener experiencia de negociación con clientes y cierre de contratos, cuando en realidad sólo habían hecho telemarketing. “Esto ya supondría falsear el currículum, algo que encontramos en un 20% o 30% de los casos”, asegura Sanmartín, que asegura que “el 99%” de los currículums presenta algún tipo de tuneo”. Además de verificar datos, en un informe prelaboral los detectives analizan si las empresas donde trabajó anteriormente el candidato estaban satisfechas con su labor. En el caso de los mandos intermedios, lo habitual es pedir referencias directamente a sus antiguos superiores: de esta manera, gracias a las referencias de un ex jefe se puede descubrir que un candidato que presume de dotes de trabajo en equipo esconde, en realidad, una personalidad conflictiva. En el caso de los ejecutivos de máximo nivel, los detectives analizan cómo fue la trayectoria de la empresa donde trabajó el candidato durante el periodo en que ejerció: por ejemplo, cómo evolucionaron sus ventas, su cotización bursátil, sus inversiones o incluso su nivel de conflictividad laboral. A veces los informes prelaborales incluyen un análisis de la situación económica del candidato. Dado que los detectives no tienen acceso a datos bancarios ni declaraciones de renta, por ejemplo,se puede sopesar si los niveles salariales que refleja su currículum son reales analizando su evolución patrimonial. “Si su patrimonio no se corresponde puede ser que mienta sobre sus cargos, o que sea un derrochador”, explica Sanmartín. En algunos casos específicos también se analizan las deudas del aspirante, por ejemplo si van a cubrir cargos con responsabilidad financiera.
“Si por ejemplo vemos que una persona tiene que pagar cada mes 3.000 euros de hipoteca y créditos y el sueldo que le van a ofrecer es de 3.500, podemos pensar que ese candidato va a estar más preocupado de sus problemas financieros personales que de su cargo”, destaca Sanmartín.
En cualquier caso, José María Fernández recuerda que sólo un detective legalmente habilitado puede investigar a otra persona y siempre que haya un motivo legal. “Normalmente la empresa nos encarga la investigación en privado y los candidatos no suelen ser conscientes de que se les puede investigar, pero es totalmente legal”, aclara el presidente del Col•legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
Los expedientes por incapacidad laboral ascendieron a 31.165 en los primeros ocho meses del año. Los inspectores decidieron dar de alta a 6.700 personas en sus seguimientos. Sólo el cinco por ciento de los controles se resuelve con propuestas de invalidez permanente|Los expedientes por incapacidad laboral ascendieron a 31.165 en los primeros ocho meses del año. Los inspectores decidieron dar de alta a 6.700 personas en sus seguimientos. Sólo el cinco por ciento de los controles se resuelve con propuestas de invalidez permanente
RAQUEL RIVERA. MÁLAGA De cada cien trabajadores en Málaga, cuatro se han dado de baja en su trabajo en lo que va de año por enfermedad o alguna incapacidad física que le impida desarrollar su profesión. Es una tasa similar a la de otros años, aunque se espera un leve repunte en octubre y noviembre con las incorporaciones laborales tras el periodo de vacaciones.
El sector servicios, como la hostelería y la construcción copan la mayoría de los expedientes de bajas. Otro ámbito, como el campo de la salud, también aglutina un gran porcentaje de solicitudes por incapacidad (entre el 4 y 6,5 por ciento de la plantilla del SAS está de baja).
En lo que va de año la Seguridad Social ha registrado 31.165 bajas por incapacidad temporal en la provincia, según explicó el jefe de Inspección Médica de la Junta, Antonio del Corral. En la provincia hay unos 650.000 trabajadores en los archivos de la Seguridad Social.
Controles médicos. Dado que la cifra de bajas es considerable, la administración cada vez más refuerza los controles para detectar posibles irregularidades. De hecho, hasta agosto se han efectuado más de 18.000 controles, unos 3.700 más que en el mismo periodo de 2006, según datos de la Delegación de Salud. De estos seguimientos, los inspectores han anulado 6.700 bajas por resultas fingidas o falsas. Esta cifra equivale al 37,2 por ciento de los expedientes por incapacidad que revisan los inspectores del Salud. Del Corral aseguró que los seguimientos suelen realizarse sobre las enfermedades que implican una duración más prolongada, con varias semanas de ausencia en el puesto de trabajo.
En cuanto a la cifra de bajas declaradas nulas, precisó que en su opinión “no se trata de fraude, sino de diferencias entre la calificación del médico de cabecera y el inspector que sigue la evolución y que detecta una mejoría”.
No obstante, manifestó que sí se han dado situaciones de estafa en esta prestación.
Los inspectores han detectado en lo que va de año alrededor de una treintena de casos en la provincia, en los que el trabajador dado de baja sigue desempeñando su actividad. “Esta situación puede plantearse más entre los autónomos, que tienen más problemas, por ejemplo, cuando se plantean traspasar el negocio a terceros”, aseveró del Corral.
Las inspecciones médicas pueden llevar, por otro lado, a declarar la invalidez permanente para el trabajo. Este año se han acordado unas novecientas, lo que supone el cinco por ciento de las revisiones.
Los controles de bajas laborales pueden efectuarse también por las mutuas, que pueden hacer propuestas de alta si detectan irregularidades.
Las personas que solicitan una baja laboral tienen entre 40 y 55 años y pertenecen a sectores como la construcción, el comercio o servicios. El grueso de los expedientes registrados corresponde a trabajadores asalariados.
Las compañías contratan a detectives para vigilar a los sospechosos, quienes en el 80% de las ocasiones son sorprendidos intentando engañar.
Si está pensando en engatusar a alguna aseguradora que ha de indemnizarle por algún concepto, mejor olvídelo, le puede salir muy caro. Las compañías contratan a detectives que investigan hasta encontrar pruebas del fraude y las llevan a juicio, con la consiguiente sanción por estafa|Las compañías contratan a detectives para vigilar a los sospechosos, quienes en el 80% de las ocasiones son sorprendidos intentando engañar.
Si está pensando en engatusar a alguna aseguradora que ha de indemnizarle por algún concepto, mejor olvídelo, le puede salir muy caro. Las compañías contratan a detectives que investigan hasta encontrar pruebas del fraude y las llevan a juicio, con la consiguiente sanción por estafa
«El 80% de los casos que nos pasan las compañías porque sospechan de ellos son fraudes», explican los Detectives. En total, las compañías detectaron 1.062 casos de fraude en Zaragoza en el año 2004 y el año pasado la cifra fue similar. La mayoría se cometen en seguros de automóvil (772), pero también en los personales (48) y en el resto de modalidades (242).
Los clientes que mantienen lesiones durante meses o repiten en la lista de víctimas son los principales sospechosos de las compañías, que recurren a los detectives.
Cada investigación suele durar alrededor de cuatro días y cuesta entre 600 y 1.200 euros, aunque algunas más complicadas superan los 2.000. El detective realiza una labor de seguimiento del supuesto estafador, haciendo fotografías y grabando vídeos sobre su vida cotidiana.
«Pillamos a una señora conduciendo, que afirmaba que desde su accidente tenía pavor a llevar un coche»,. Las pruebas se presentan en el juicio para recuperar la indemnización y, si el juez lo considera, se impone una sanción por estafa.
Los fraudes a las aseguradoras aumentan y ya ocupan la mitad del trabajo de los detectives. Otro 40% de los casos gira en torno a las bajas laborales, y el resto, a parejas o familiares. «Hay quien investiga por beneficio económico y quien lo hace por su tranquilidad psicológica. Cada vez más padres vigilan a sus hijos».
Bajas laborales fingidas
Destapar bajas fingidas es otra de las labores principales de los detectives. Muchas empresas, hartas de las bajas indefinidas de algún trabajador, acuden a los detectives para poder despedirlo.
«Sólo hace falta descubrirlo trabajando en otro sitio (hay que pillarlo al menos tres veces para que sea válido) o realizando actividades que van contra su recuperación», explican los detectives. Cerca del 80% de los casos investigados son fraudes y los detectives los reciben casi a diario.
En España hay unos cinco millones de bajas, cifra que está en la línea con los datos de Europa. Hasta un 20% de las bajas laborales son dudosas y tienen, incluso, un 30% de exceso en días de duración.|Publicado el 05-08-2009 por E&E. Madrid.
En España hay unos cinco millones de bajas, cifra que está en la línea con los datos de Europa. Hasta un 20% de las bajas laborales son dudosas y tienen, incluso, un 30% de exceso en días de duración.
Hasta un 20% de las bajas laborales son dudosas y tienen hasta un 30% de exceso en días de duración, según el médico de familia Fernando Quijano, que ha impartido en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, en Laredo, la ponencia ‘¿Sé lo que tengo que saber ante una incapacidad temporal?’, en la que abordó el tema de las bajas laborales y el papel de los médicos de cabecera.
Quijano señaló que, si se gestionara bien por parte de todos los empleados, se podría reducir el peso económico y el del absentismo en un porcentaje de un tercio. Precisó al respeto que en el tema de las bajas laborales se cumple la ley de los tercios: un tercio de la población es activa, de ellos un tercio coge la baja y de los que cogen la baja, un tercio tiene duraciones excesivas.
El médico comentó que la gestión de las bajas laborales tiene una responsabilidad económica, social y clínico-ética muy importante. En España hay unos 5 millones de bajas, una cifra que según dijo parece muy alta, pero que está “en la línea media” si se compara con Europa.
Este alto índice se debe, a su juicio, a que a más prestaciones más uso de ellas. Así, donde más prestaciones sociales hay en Europa es en la zona norte, y es en esos países donde se produce el mayor número de bajas laborales, “tienen casi el doble de absentismo laboral que los países del sur del continente”, subrayó Quijano.
Para el especialista, estar al día en las patologías más prevalentes y que más duración tienen es fundamental para un médico de familia, porque cada vez más existen unos factores “distorsionantes”, como son las listas de espera, las tardanzas en hacer pruebas y la “deshonestidad” ante las preferencias. “Esto produce un conflicto ético, el coste económico del que está de baja es tremendo para un país”, recalcó.
Además, un 16% de bajas laborales por contingencia común que están siendo atendidas por el servicio público de salud deberían ser tratadas por otras entidades, ya que “produce un incremento económico y un alargamiento de las listas de espera”.
Bajas por accidente de tráfico
Quijano señaló que los accidentes de tráfico suelen contraer bajas fraudulentas, ya que tienen un componente psicológico muy importante, las molestias duran más que las mismas causadas por otro motivo. “Es difícil medir la subjetividad del paciente por eso se cree que los médicos de familia tiene una ventaja pero también un inconveniente porque la cercanía provoca cierta presión. Con los recursos adecuados puedes enfocar las cosas bien en el 90% de los casos”, dijo.
Además, las aseguradoras saben que les van a pedir una indemnización y que cuantos más días de baja se esté más alta es la misma, por lo que un porcentaje de gente tendrá “neurosis de renta”, “Se dice que los médicos de las mutuas son muy rápidos dando altas y los de la seguridad social son muy lentos”, dijo Quintana, para quien “probablemente entre las dos está el justo medio”. “Hay que unificar criterios, actualizar conocimientos y aplicar los estándares de duración, cada patología tiene una duración estándar”, precisó.
En cualquier caso, “hay que aplicar sentido común, estar al día en los conocimientos de epidemiología y tener técnicas de comunicación, que cada vez son más importantes en el trato con el paciente, el médico debe saber cómo pactar”.
